Política fiscal y presupuestos públicos

El economista Richard Musgrave definió tres funciones fundamentales que justifican la presencia del sector público:

1. Función asignativa: El Estado suministra bienes y servicios que el mercado no ofrece o lo hace de forma insuficiente (como la defensa nacional o el alumbrado público).
2. Función redistributiva: Mediante impuestos y transferencias, el Estado busca reducir las desigualdades sociales y garantizar un nivel de vida digno para todos los ciudadanos.
3. Función estabilizadora: El Estado intenta suavizar las fluctuaciones del ciclo económico para evitar crisis profundas, controlando el desempleo y la inflación.

El mercado falla cuando no asigna los recursos de manera eficiente. Los principales fallos son:

• Externalidades: Consecuencias de una actividad económica que afectan a terceros sin que estos paguen o reciban compensación (ej. la contaminación).
• Bienes públicos: Bienes que no son rentables para las empresas privadas porque no se puede excluir a nadie de su uso (ej. un faro de mar).
• Desigualdad en la renta: El mercado premia a los más eficientes o a quienes poseen recursos, dejando atrás a los colectivos vulnerables.

El sector público en España es complejo y se divide en varios niveles administrativos para gestionar mejor los recursos:

• Administración Central: Incluye al Estado (Ministerios) y organismos autónomos.
• Seguridad Social: Entidad con presupuesto propio encargada de las pensiones y prestaciones sociales.
• Administraciones Territoriales: Comprende a las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales (Ayuntamientos y Diputaciones).

El proceso de los PGE sigue cuatro fases críticas:

1. Elaboración: El Gobierno prepara el proyecto de ley.
2. Aprobación: Las Cortes Generales (Congreso y Senado) debaten, enmiendan y aprueban la ley.
3. Ejecución: El Gobierno emplea los fondos según lo aprobado.
4. Control: El Tribunal de Cuentas supervisa que el dinero se haya gastado legalmente.

Para financiarse, el Estado utiliza principalmente los tributos, que se dividen en:

El sistema tributario español se basa en principios como la progresividad (quien más tiene, paga un porcentaje mayor) y la equidad.

El gasto público se divide según su naturaleza económica:

• Gasto corriente: Destinado al funcionamiento diario (salarios de funcionarios, compra de material sanitario).
• Gasto de inversión: Destinado a crear infraestructuras (carreteras, hospitales) que aumentan la capacidad productiva.
• Transferencias y subvenciones: Pagos sin contraprestación directa (pensiones, becas, ayudas a empresas).

Dependiendo del estado del ciclo económico, el Gobierno puede aplicar dos estrategias:

1. Política fiscal expansiva: Se aplica en épocas de recesión o crisis. Consiste en aumentar el gasto público o bajar los impuestos. El objetivo es aumentar la renta disponible y el consumo, desplazando la DA hacia la derecha.
2. Política fiscal contractiva: Se aplica cuando hay riesgo de inflación por exceso de demanda. Consiste en bajar el gasto público o subir los impuestos para frenar el consumo y la inversión.

Son mecanismos que, sin intervención directa del gobierno, actúan para suavizar el ciclo económico.

• Impuestos progresivos: Al caer la renta en una crisis, la recaudación baja automáticamente, dejando más dinero en manos de las familias.
• Subsidios por desempleo: En una crisis, aumenta el número de parados que reciben esta ayuda, lo que sostiene el consumo y evita que la demanda caiga en picado.

A diferencia de los estabilizadores, estas son medidas tomadas de forma consciente por el Gobierno para alterar la economía:

• Programas de obras públicas para generar empleo.
• Planes de formación y reciclaje profesional.
• Modificación temporal de tipos impositivos (ej. bajar el IVA de la luz).

El saldo se calcula mediante la fórmula: $Saldo = Ingresos - Gastos$.

• Superávit: Ingresos > Gastos.
• Déficit: Gastos > Ingresos.

Es vital distinguir entre:

• Déficit cíclico: Surge por la caída de ingresos en una fase de recesión.
• Déficit estructural: Es un déficit permanente que se mantiene incluso cuando la economía crece.

Cuando el Estado gasta más de lo que ingresa, debe pedir prestado emitiendo Deuda Pública. Los principales instrumentos son:

• Letras del Tesoro: Deuda a corto plazo (3-12 meses).
• Bonos del Estado: Deuda a medio plazo (2-5 años).
• Obligaciones del Estado: Deuda a largo plazo (10-30 años).

Un nivel excesivo de deuda puede acarrear problemas graves:

1. Carga de intereses: El Estado debe dedicar gran parte de su presupuesto a pagar los intereses de la deuda, restando dinero para educación o sanidad.
2. Efecto expulsión (Crowding-out): Al endeudarse mucho, el Estado absorbe el ahorro disponible, haciendo que los tipos de interés suban y dificultando que las empresas privadas obtengan préstamos.
3. Sostenibilidad: Si la deuda crece más que el PIB, el país puede entrar en riesgo de impago.

Para garantizar la estabilidad del euro, los países miembros se comprometieron a respetar dos límites fundamentales:

• El déficit público no debe superar el 3% del PIB.
• La deuda pública no debe superar el 60% del PIB.

Si un país incumple reiteradamente, puede ser sometido a un Procedimiento de Déficit Excesivo, que implica una supervisión estricta de Bruselas.

La coordinación se realiza a través del Semestre Europeo, un ciclo de supervisión donde la Comisión Europea analiza los presupuestos nacionales y emite recomendaciones. Tras la crisis del COVID-19, se crearon los fondos Next Generation EU, una herramienta de solidaridad para financiar reformas estructurales y la transición ecológica.

Dado que los países de la Eurozona comparten una moneda única pero mantienen políticas fiscales nacionales, la coordinación es esencial para evitar que el desequilibrio de un país (como una crisis de deuda) arrastre al resto. La tendencia actual es hacia una mayor armonización fiscal para evitar la competencia desleal entre países miembros.