Construcción del Estado Liberal (1833-1868)

El origen del conflicto reside en la sucesión de Fernando VII. La Ley Sálica (introducida por los Borbones en 1713) impedía reinar a las mujeres. Sin embargo, en 1830, Fernando VII promulgó la Pragmática Sanción, que anulaba dicha ley para que su hija, la futura Isabel II, pudiera heredar el trono.

El hermano del rey, Carlos María Isidro, no aceptó esta legalidad. A la muerte de Fernando VII en 1833, se autoproclamó rey mediante el Manifiesto de Abrantes, dando inicio a una guerra civil que no solo era dinástica, sino también ideológica.

El carlismo se resumía en el lema: “Dios, Patria, Rey y Fueros”. Sus pilares eran:

• Tradicionalismo: Defensa a ultranza del catolicismo y oposición a la libertad de culto.
• Absolutismo: Rechazo a la soberanía nacional y defensa del poder real absoluto.
• Foralismo: Defensa de los fueros (leyes y privilegios históricos) de las provincias vascongadas y Navarra, frente al centralismo liberal.
• Apoyos: El clero rural, la pequeña nobleza y el campesinado, que temía que el liberalismo y sus impuestos acabaran con su modo de vida tradicional. Geográficamente, triunfó en el País Vasco, Navarra, el Maestrazgo y las zonas rurales de Cataluña.

La guerra (1833-1840) pasó por varias fases. Inicialmente, los carlistas dominaron gracias a la táctica de guerrillas y al genio militar del General Zumalacárregui. Sin embargo, la falta de apoyo en las ciudades y el fracaso de las expediciones carlistas (como la Expedición Real de 1837) agotaron sus recursos.

El final llegó con el Convenio de Vergara (1839), sellado con el famoso "Abrazo de Vergara" entre el general liberal Espartero y el carlista Maroto. Se acordó el respeto a los fueros (de forma ambigua) y la integración de los oficiales carlistas en el ejército isabelino.

Debido a la minoría de edad de Isabel II, su madre María Cristina de Borbón asumió la Regencia. Inicialmente intentó un reformismo suave con Cea Bermúdez, pero la necesidad de apoyo contra los carlistas la obligó a pactar con los liberales moderados.

En 1834, Martínez de la Rosa promulgó el Estatuto Real. No era una constitución, sino una "Carta Otorgada" que no reconocía la soberanía nacional. Establecía un sistema de liberalismo doctrinario con soberanía compartida entre el Rey y las Cortes, y un sufragio censitario extremadamente restringido (solo votaba el 0,15% de la población).

El descontento de los liberales progresistas por la lentitud de las reformas estalló en el Motín de la Granja (1836), donde unos sargentos obligaron a la Regente a restaurar la Constitución de 1812.

Se formó un gobierno progresista liderado por Mendizábal, que inició el desmantelamiento del Antiguo Régimen (abolición de señoríos y mayorazgos). El hito jurídico fue la Constitución de 1837, un texto de consenso que, aunque reconocía la soberanía nacional y los derechos individuales, daba amplios poderes a la Corona (derecho de veto y disolución de Cortes) para atraer a los moderados.

Tras la dimisión de María Cristina por su enfrentamiento con los progresistas sobre la Ley de Ayuntamientos, el general Espartero asumió la Regencia (1840-1843). Su gobierno fue marcado por un marcado autoritarismo militar.

Su política de librecambismo, que favorecía las importaciones textiles inglesas, arruinó la industria catalana y provocó una revuelta en Barcelona. Espartero respondió con el bombardeo de Barcelona en 1842, lo que le hizo perder todo apoyo popular. Un pronunciamiento liderado por Narváez en 1843 acabó con su regencia, adelantándose la mayoría de edad de Isabel II a los 13 años.

Bajo el reinado efectivo de Isabel II, el General Narváez lideró el Partido Moderado, dominando la política durante diez años. Su objetivo fue consolidar un Estado liberal conservador basado en el orden y la autoridad.

Para garantizar este orden, se creó la Guardia Civil (1844), un cuerpo armado con estructura militar para mantener la seguridad en el ámbito rural. Se impuso un fuerte centralismo administrativo, donde el gobierno controlaba estrechamente las provincias y ayuntamientos.

La pieza clave del régimen fue la Constitución de 1845, que sustituyó la soberanía nacional por la Soberanía compartida (Rey y Cortes). Sus características principales fueron:

• Aumento del poder real (nombramiento de ministros y senadores).
• Sufragio censitario muy restringido (solo los más ricos).
• Restricción de la libertad de prensa y reunión.

En 1851 se firmó el Concordato con la Santa Sede, restableciendo las relaciones con la Iglesia tras las desamortizaciones. El Estado se comprometía a mantener el culto y el clero, declarando la confesionalidad católica de España.

Los moderados sentaron las bases del Estado moderno mediante:

1. Reforma Mon-Santillán (1845): Unificó y simplificó el sistema de impuestos, dividiéndolos en directos e indirectos (como el odiado impuesto de consumos).
2. Ley de Ayuntamientos: El Gobierno central nombraba a los alcaldes de las capitales de provincia.
3. Unificación de pesos y medidas: Adopción del sistema métrico decimal.
4. Código Penal (1848): Unificación de la legislación criminal.

El agotamiento del moderantismo y la corrupción llevaron al pronunciamiento de La Vicalvarada (1854), liderado por O'Donnell. El movimiento se radicalizó tras el Manifiesto de Manzanares (redactado por Cánovas del Castillo), que prometía reformas políticas y el fin de la camarilla de palacio. Isabel II, ante la presión de las Juntas Revolucionarias, llamó a Espartero para formar gobierno.

Durante estos dos años (1854-1856), se impulsó una legislación económica ambiciosa:

• Desamortización de Madoz (1855): Afectó a los bienes de los municipios (propios y comunes), completando la obra de Mendizábal.
• Ley General de Ferrocarriles (1855): Incentivó la construcción de la red ferroviaria con capital extranjero.
• Ley de Sociedades Bancarias: Facilitó la creación de bancos modernos.

Se redactó la Constitución de 1856 ('Non Nata'), que nunca llegó a promulgarse debido al golpe de Estado de O'Donnell que puso fin al Bienio.

Entre 1858 y 1863, O'Donnell presidió el gobierno de la Unión Liberal, un partido de centro que buscaba la estabilidad. Fue una etapa de prosperidad económica (fiebre ferroviaria) y de una política exterior agresiva (Guerra de África, expediciones a México y Conchinchina) para recuperar el prestigio internacional de España.

A partir de 1863, el sistema entró en una crisis irreversible. La crisis económica (quiebra de ferrocarriles y malas cosechas) se sumó al autoritarismo de los últimos gobiernos moderados. Sucesos como la Noche de San Daniel (represión estudiantil) y la Sublevación de los sargentos de San Gil desprestigiaron a la reina.

En 1866, la oposición (progresistas y demócratas) firmó el Pacto de Ostende para derrocar a Isabel II. La muerte de sus dos grandes apoyos, Narváez y O'Donnell, dejó a la monarquía aislada.

El fin del Antiguo Régimen supuso el paso de una sociedad estamental a una sociedad de clases. La posición social ya no dependía del nacimiento, sino del mérito y la riqueza.

• Burguesía terrateniente: La antigua nobleza y la alta burguesía financiera se fusionaron gracias a la compra de tierras desamortizadas.
• Clases medias: Profesionales liberales, funcionarios y militares de graduación media.
• Campesinado y Proletariado: Los grandes perjudicados. El campesinado perdió el acceso a las tierras comunales, convirtiéndose en jornaleros con condiciones de vida miserables.

La desamortización fue el proceso de incautación por el Estado de tierras vinculadas (manos muertas) para venderlas en subasta pública.

• Mendizábal (1836): Tierras del clero regular (monasterios).
• Madoz (1855): Tierras del Estado y de los municipios.

Consecuencias:

1. Hacienda: Se recaudaron fondos para pagar la deuda pública y financiar la guerra carlista.
2. Propiedad: Se consolidó la propiedad privada capitalista, pero no se realizó una reforma agraria; las tierras acabaron en manos de la burguesía, no de los campesinos.
3. Agricultura: Aumentó la superficie cultivada, pero no mejoró la productividad técnica.